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Mi título, mi derecho

Publicado el 22/06/2015 en Actualidad

La noticia saltó a las redes sociales a raíz de un video que realizaron padres y estudiantes del colegio Divina Providencia, una escuela especial de niños y adolescentes con discapacidades moderadas y leves. En esta producción, que bautizaron como Mi título, mi derecho, pedían que se revea la decisión implementada a través de la resolución 0081 que preveía dejar de otorgar títulos secundarios con validez nacional a los estudiantes de escuelas especiales.

Con fecha del 29 de abril de este año, la resolución 0081/2015, de la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza Media (Dipe), dejaba sin efecto la resolución 0880 del año 2002 en la que se disponía la aprobación de certificados de estudios de alumnos de modalidad especial para los niveles primario y medio.

El argumento que fundamentó esta medida, fue que en la modalidad especial no se acredita la terminalidad de los diseños curriculares, sino que se certifican saberes correspondientes a cada uno de los trayectos formativos para la vida y el trabajo.

Por su parte, desde las escuelas especiales argumentaron que la Resolución 0081, vulnera los derechos y garantías de igualdad de trato y oportunidades de los alumnos de modalidades especiales, con respecto al acceso a una educación primaria y secundaria. 

Finalmente, el 17 de junio el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba firmó  la resolución 712/2015, dejando sin efecto la 0081.

“Pensando en todos por igual”

Por Esp. Olga Concepción Bonetti
Decana de la Facultad de Educación de la UCC

Pocas semanas atrás se realizó en Incheon, República de Corea, el Foro Mundial de Educación, convocado por la UNESCO en el que participaron más de cien países. Allí, ministros, jefes de agencias y ejecutivos de organizaciones representantes de la sociedad civil, fundaciones, UNICEF, ONU, FNUAP, PNUD, entre otros, acordaron  el documento borrador titulado: Hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad y aprendizaje a lo largo de la vida para todos,  que fija las metas para la Educación 2030 y es el puntapié inicial de un documento que se elaborará en septiembre de este año en Nueva York.

Uno de los puntos de dicha declaración establece: “La inclusión y la equidad en y a través de la educación son la piedra angular de una agenda educativa transformadora y por consiguiente nos comprometemos a abordar todas las formas de exclusión y marginalización, las disparidades y las desigualdades en el acceso, la participación y los resultados de aprendizaje. Ninguna meta educativa podrá ser considerada como lograda plenamente a menos que sea el caso para todos. Por consiguiente, nos comprometemos a realizar los cambios necesarios en las políticas educativas y a focalizar nuestros esfuerzos en los más desaventajados, especialmente aquellos con discapacidades, para asegurarse que nadie se quede atrás”.

Contundente y claro. Sin embargo, en estos días, en nuestro país y en Córdoba en especial, estamos asistiendo al triste espectáculo de un debate que pone en el centro si las personas con discapacidad de escuelas secundarias especiales pueden o no obtener su titulación de secundaria.

Por si necesitamos referenciar mas leyes, recordemos que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), puesta en vigor en el 2008, refiere a la  discapacidad  como un fenómeno relacional, histórico y dinámico, que deviene de la interacción de la persona con deficiencias y las barreras del entorno para su participación en igualdad de condiciones, posicionándose en un paradigma social de la discapacidad.

Argentina firmó la CDPD y la ratificó por el Congreso en la Ley N° 26.378/08, lo que la erige como una norma de status constitucional. Hoy la CDPD cuenta con 147 países signatarios y 97 países que la ratificaron.

La misma CDPD sostiene que “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida…” (Art.24; punto 1).

 Podríamos aludir a leyes nacionales y provinciales, decretos, etc. de los últimos años pero en el medio de tanta referencia a los marcos normativos, nos olvidamos de lo esencial: ahí están… nos reclaman ellos y sus familias, muchas veces desorientadas y con el dolor de ver que sus hijos no tienen cabida, no está claro a qué tienen derecho….  y nosotros como sociedad, enredados en un entramado sin fin,  nos embarcamos  en discusiones sobre si las personas con discapacidad deben acreditar o no los mismos conocimientos que todos, que si debe existir o no la modalidad especial,  cuál es el rol de las escuelas especiales en procesos inclusivos totales, sobre qué entendemos por igualdad de oportunidades, etc. Mientras ellos esperan…

Nos debemos un debate profundo. Si acordamos y asentamos en nuestras leyes que adherimos a los postulados sobre la  igualdad de oportunidades, la  inclusión educativa y social, la equidad, el derecho elemental a toda persona a recibir educación (y así, mostramos estar en sintonía con lo que se dice a nivel mundial), debemos  contribuir desde todos los ámbitos a que no sean meros enunciados declarativos. Hay que hacerlo efectivo, hay que revisar planes de estudio, revisar titulaciones, funciones y aportes de las escuelas – sea la modalidad que sea – acompañar al docente para que pueda trabajar en pos de la inclusión plena, acompañar a las familias, revisar las formas rígidas de organización que reflejan un modelo homogeneizador que ya nos superó…   Necesitamos mucho trabajo coordinado desde las políticas estatales hasta el debate dentro de lo que pasa en el espacio micro de las instituciones y en sus aulas.

Celebro que las autoridades gubernamentales locales hayan tomado nota de esta situación y en estos días manifiesten estar dispuestos a abrir el diálogo. Ojalá no sea solo para calmar las aguas porque se vienen tiempos electorales… ojalá sea pensando en todos por igual.

En ocasión de una visita a la Facultad de Educación en el 2013, Ricardo Baquero, docente e investigador de la UBA, nos decía que “cuando pensamos de antemano que este alumno no puede, cuando significamos el fracaso escolar de nuestros alumnos como carencias de educabilidad, en verdad, estamos haciendo uno de los juicios más lapidarios que podemos hacer con respecto a los pronósticos de aprendizaje de los sujetos”. Hoy, más que nunca, esta reflexión cobra vigencia plena.

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