Infancia y pobreza

Ianina Tuñón coordina una de las líneas de investigación de la Universidad Católica Argentina (UCA) llamada Barómetro de la deuda social de la infancia. Es un programa que procura dar cuenta del grado de cumplimiento que tienen los derechos de los niños en la Argentina urbana en distintas dimensiones como la subsistencia, pero también con el habitad de vida de los niños, su educación, el trabajo infantil y los procesos de crianza, estimulación y socialización de los más pequeños. Este conjunto de indicadores básicos les permite poder dar cuenta de cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Todas las lecturas son en clave de desigualdad social.

El observatorio nació en el año 2001 en el marco de una de las crisis más profundas que tuvo la Argentina. El episcopado le propuso a la UCA  desarrollar un centro de investigación que pudiera dar cuenta de cuál era la deuda interna que tenemos los argentinos con nosotros mismos, y que les permitiera incidir y empezar a establecer temas de agenda en la opinión pública Argentina.

–¿Para qué sirven las mediciones?

–El observatorio no solamente es un centro de producción científica y de formación de recursos humanos, sino que busca servir a la sociedad. Intentamos estar en las primeras planas de los diarios para sensibilizar respecto a los problemas que tenemos. Es una manera de establecer agenda a los gobiernos para que centren sus esfuerzos sobre las deudas internas que todavía tenemos y sobre las que el Estado tiene mucho que hacer. También existen otras corresponsabilidades y por eso es importante que todos tomemos conciencia de cuáles son los desafíos.

Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) son importantes en términos de que empecemos a tener un interlocutor oficial para medir la pobreza. Así, nuestro programa comienza a tener el rol para el que fue pensado y que no era ser el monitor oficial de la pobreza en la Argentina. El verdadero objetivo siempre fue abordar las temáticas de la población en general y de los niños en particular de manera mucho más integral evaluando todas las dimensiones del desarrollo humano que son derechos que tenemos que lograr que sean efectivos en la Argentina.

Hoy la pobreza en la infancia ha trepado al 47 % de los niños y esto nos habla de que tienen muchos problemas a la hora de poder acceder a todo aquello que el dinero permite. También son niños que tienen otros tipos de privaciones.

–¿Cuáles son los números que manejan?

–Nosotros calculamos que un 56 % de la infancia en la Argentina está privada en el ejercicio de derechos básicos y un 19 % en situaciones de privaciones muy graves. En cada una de las dimensiones, lo que se observa son situaciones deficitarias muy estructurales (es decir que tienen poca capacidad de cambiar a lo largo del tiempo) y a su vez las brechas de desigualdad también se revelan como muy persistentes. Esto quiere decir que tenemos una proporción de la infancia muy significativa en los sectores sociales más vulnerables de la sociedad Argentina y tampoco se están generando estructuras de oportunidades que permitan producir mayor equidad en el inicio de la vida.

–¿Cómo se trabaja este índice?

– El ejercicio de los derechos no está solamente ligado a lo económico. Para la producción de este índice nosotros consideramos seis dimensiones de derechos entre los que están el acceso a los alimentos, a la salud; a la educación (en términos de escolarización y también en cuanto a la calidad de la educación); y la estimulación temprana a través de estilos de crianza que llamamos protectores de los niños en los primeros años de vida.

En el caso de la situación más severa y en la que tenés a un 20% de la infancia, consideramos a niños que tienen experiencias de hambre y adicionalmente no están recibiendo ningún tipo de ayuda alimentaria; o niños que en su casa no tienen inodoro con descarga y tampoco acceso al agua corriente; o niños que no van a la escuela y en sus primeros años de vida no son estimulados a través de la palabra; o están criados en hogares donde hay maltrato infantil. Este tipo de umbrales nos llevan a plantear que un niño en cualquiera de estas situaciones es un niño pobre en el ejercicio de sus derechos.

–¿Por qué a pesar de la inversión fracasan las políticas públicas?

–Respecto a las políticas de transferencia de ingresos como la Asignación Universal por Hijo (AUH) son necesarias pero no suficientes. Sin mencionar que en ese caso particular, la inversión fue solo cuatro puntos del PBI. Además, si bien se puede decir que hubo un incremento de la inversión, ésta no fue acompañada por transformaciones sustantivas y profundas en el sistema educativo. Por tanto, lo que se consiguió fue que la indigencia no siguiera escalando.

–¿Cómo se relaciona la falta de oportunidades con la violencia?

–En la medida que haya sectores que no tienen oportunidades habrá violencia, porque tiene que ver con la desigualdad social. Y los jóvenes más vulnerables tienen pocas oportunidades. Hoy tienen el derecho (y obligación) de terminar una escuela secundaria que no los promueve, no les produce movilidad social y no les permite integrarse mejor al mundo del trabajo. Ahí tenemos una deuda muy grande. Lo que sucede es que los jóvenes están logrando tener más años de escolaridad que sus padres, pero no mejor integración al mundo del trabajo.

Más allá de que el Estado tiene responsabilidades superlativas frente a otros actores sociales, también hay una necesidad de que la sociedad argentina tome conciencia de que se requieren cambios profundos que comprometen a todos.

Necesitamos políticas de Estado a largo plazo que puedan ser desarrolladas por varios gobiernos a lo largo del tiempo.