Los antecedentes de la Constitución del 53
Hace dos siglos nuestro país comenzaba su historia como Nación independiente y soberana, protagonizada por una comunidad consciente de sus derechos y de sus propósitos y destinada a constituirse en una nación republicana y democrática. Los humildes representantes de las Provincias Unidas, invocando a Dios que preside la marcha de la humana grey, declararon ante el mundo rotos los lazos que ligaban este suelo con la madre patria, y su propósito inquebrantable y eterno de mantenerlo libre también de cualquiera otra soberanía extranjera.
La independencia es libertad para disfrutar de aquellos derechos que nuestra Constitución Nacional reconoce a todos los hombres que habitan nuestro territorio, pero al mismo tiempo es también para que, con absoluta responsabilidad, cumplamos con las obligaciones que se nos imponen.
Los Congresales de Tucumán tuvieron el concepto claro y preciso de fundar una nación democrática y republicana y dotarla de una Constitución que definiera su gobierno, deslindara los derechos y deberes de habitantes, ciudadanos y mandatarios, estableciendo los fundamentos de la libertad y del poderío material y moral de la futura patria que ellos no verían, pero cuya existencia era obra de su inteligencia y valor. Los convencionales de 1853/60 tuvieron la tarea de ejecutar definitivamente la voluntad del soberano Congreso de 1816, creando un organismo compuesto de pueblo y gobierno, de cuyo consorcio y armonía de cuya independencia y mutuo respeto, resultó la realización del ideal supremo de todos: la libertad y el bienestar general.
Dictar la Constitución Nacional era organizar un gobierno definitivo; asegurar después de tantos ensayos la marcha serena y ordenada de todos los intereses en desarrollo gradual y progresivo, era cerrar el ciclo de batallas para empezar una nueva vida, en moldes definidos pero amplios, para cambiar fundamentalmente sus rumbos generales. Tales fueron los votos de aquella memorable asamblea de patricios, reunida en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1816, al resolver que se convocase el Congreso Constituyente.
Esa fue la virtud fundamental de los hombres de aquel momento, quienes con escasos caudales de ciencia, pero con riqueza de fe patriótica, de convicción moral y de valor, desafiaron el porvenir, lanzándose en la vida independiente antes de terminar la guerra, y empeñando sus vidas y su honor ante las demás naciones.
Han transcurrido doscientos años de aquel memorable día y hoy, en medio de los esplendores de una civilización maravillosa, en que el desarrollo y las instituciones universales han transformado la faz de la humanidad, nos encuentra batallando como en los primeros tiempos de nuestra historia constitucional, por acrecentar un gobierno que sea la expresión legal de la voluntad soberana y desarrollar la fuerza que arrastre al conjunto y lo impulse hacia el progreso de todos los órdenes sociales y sin vacilaciones.
Hoy, con motivo de conmemorar el bicentenario de la independencia, resulta oportuno destacar que el acontecimiento se presenta dándonos la posibilidad histórica de generar los consensos y acuerdos necesarios para que, dejando de lado los intereses personales, partidarios o sectoriales, abran y despejen el camino en la construcción de una sociedad con desarrollo económico, justicia social e igualdad de oportunidades. Asimismo, basada en fuertes instituciones republicanas e irrenunciables valores éticos, sosteniendo un diálogo maduro, racional, prudente y equilibrado, no solo fronteras adentro, sino también con el resto del mundo.
Por Carlos Hugo Valdéz, docente nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.